viernes, 29 de abril de 2011

LOS PARTIDOS AMORDAZAN A ALAS TELEVISIONES

EL MUNDO
SECCIÓN OPINIÓN
28 de abril de 2011

NO PUEDE ser más elocuente que, en un escenario de nula altura política en el que PSOE y PP han sido incapaces de adoptar pactos de Estado ante los grandes problemas del país, a estos dos partidos secundados por CiU y PNV- no les costara nada ponerse de acuerdo para aprobar una ley mordaza. Como una apisonadora, sumaron sus votos en el Parlamento y dieron luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Y, entre otras cosas, ésta impone a partir de ahora a todas las televisiones -como ya se hacía con las públicas- la obligación de cubrir las campañas conforme a estrictas cuotas partidistas, en vez de con criterios profesionales. Los grandes partidos intentan así sustituir la información por la propaganda. Un hecho gravísimo no sólo porque supone una injerencia en el trabajo y la independencia de las empresas informativas privadas inconcebible en cualquier país democrático, sino porque atenta contra el derecho fundamental a la libre información, reconocido por el artículo 20 de nuestra Constitución.

Estamos ante un intolerable atropello que supondría un gran retroceso democrático. El 6 de mayo arranca la campaña para las elecciones del 22-M. Y ante la inminencia de la fecha la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) está estudiando una respuesta. Se han planteado distintas opciones: desde la de no dedicar ni un minuto a la campaña, hasta la de cumplir la literalidad de la ley, pero advirtiendo al espectador que la cadena está en contra de una medida que sólo asume por imperativo legal. Nosotros consideramos que estas fórmulas no son razonables porque perjudican al ciudadano. Por ello, creemos que lo mejor sería que, de común acuerdo, todas las cadenas ignoren esta restrictiva norma -de más que dudosa constitucionalidad-, que sigan ejerciendo la libertad de prensa y que afronten conjuntamente cualquier consecuencia que de ello se pudiera derivar.

Nadie puede estar en contra del pluralismo político. Pero la neutralidad y la difusión de todas las ideas en liza no se consiguen con cuotas de partidos en función del resultado que obtuvieron cuatro años atrás. La calidad de la información no depende de factores cuantitativos y la pretendida proporcionalidad sólo contribuye a esclerotizar el statu quo partidista y a dejar fuera de juego a nuevas formaciones. Por no hablar de las consecuencias tan surrealistas que tendría el que el único criterio para programar entrevistas sea el cronómetro. Bastaría con que un partido se opusiera a acudir a una cadena para que ésta ya no pudiera invitar al rival, puesto que hay que dedicarles minutos proporcionales a su representatividad. Y, claro está, los debates cara a cara pasarían al olvido, porque las demás formaciones tendrían derecho a impugnarlos.

Estos escenarios absurdos son un reflejo más de la obsesión de los partidos por controlar los medios, en especial la televisión. Y de ahí que continúe sin resolverse el anacronismo que representan las televisiones públicas en el actual espectro audiovisual. Al margen del derroche económico que suponen, tanto las autonómicas como TVE siguen siendo instrumentos al servicio del gobierno de turno. No se puede negar que, en lo que se refiere a TVE, desde la llegada de Zapatero a Moncloa se ha impuesto un tratamiento templado y de pluralidad a años luz del sectarismo imperante en el ente bajo los gobiernos de González y Aznar. Pero ni siquiera esta modulación evita un claro escoramiento progubernamental. Esto se ha reflejado bien con el nada edificante enfrentamiento en directo entre la secretaria general del PP, Cospedal, y Ana Pastor, presentadora de Los Desayunos. En respuesta a una opinión de la popular, la periodista contribuyó a una escalada de tensión, protagonizando un episodio poco probable si su invitado hubiera sido un alto dirigente del PSOE.

El desarrollo tecnológico de la televisión permite hoy un enorme pluralismo, con decenas de cadenas, lo que hace injustificable que los poderes públicos sigan dando a este medio un tratamiento distinto a los demás y que se mantengan las emisoras públicas. Salvo, claro está, por su deseo de conservar altavoces tan poderosos de propaganda.

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