Publicado en el Diario El Aguijón
En estos últimos años todos los españoles hemos aprendido que las crisis existen y si son graves no se pueden ni deben ocultar, todos los sectores unos en mayor medida que otros se han visto afectados por los efectos contagiosos de la crisis, de la construcción a la banca, de la industria a la administración, de los parados a los jubilados, de pequeños empresarios a grandes empresarios, de inversores a ahorradores, todos hemos sido víctimas de esta enfermedad de primeros del siglo XXI.
Ante tal desajuste económico nacional, con un déficit por encima de los dos dígitos, es de suponer que había que hacer algo para frenar la quiebra del Estado, para flexibilizar el mercado de trabajo, para rebajar los costes laborales, en fin lo que fuese necesario para poner los cimientos de una recuperación de la Economía Nacional, que nos devuelva los equilibrios económicos y nos mantenga el “Estado de Bienestar”, al menos en una parte sustancial, porque quizás otra haya desembocado ya, en el mar de las pérdidas irrecuperables.
Lo malo es que no todos sufren por igual los rigores de la crisis, algunos por que la diosa fortuna se ceba más en unos sectores que en otros, o en otros colectivos menos favorecidos, pero lo que los Gobiernos no deben consentir es que se apliquen diferentes raseros de medir, y dentro de las empresas ha habido y están habiendo dos raseros distintos, los trabajadores cuando las circunstancias de las empresas son malas y conducen a pérdidas o a menos beneficios, quedan circunscritos a la reforma laboral a la Ley 3 / 2012 donde pueden ser despedidos por causas objetivas u organizativas con indemnizaciones de 20 días por año con el tope de una anualidad. En otras palabras a los débiles se les aplica la reforma laboral. Mientras los gestores, quienes tienen mayor probabilidad de haber influido en el mal resultado cosechado por las empresas, se les aplica cláusulas pactadas con el empresario y se les dota de ingentes montantes en sus indemnizaciones, no solo no son responsables de lo hecho, sino que se van con indecentes montantes indemnizatorios, como hemos desgraciadamente podido vivir con las ex Cajas de Ahorro, esto es a los poderosos “Blindajes”.
Yo entiendo y los dirigentes políticos deberían entenderlo también, que los contratos laborales deberían ser iguales para todos en cuanto a su circunscripción a la Ley, y no unos ser normales y otros blindados, si un alto cargo ha de tener un contrato especial que no sea laboral, que sea mercantil, y la Ley ya contempla entonces una indemnización de 7 días por año. No es de recibo que haya situaciones de privilegio en las resoluciones de contratos.
Menos aún en empresas estatales o públicas regionales o municipales, donde estos blindajes deberían estar extinguidos. También habría que hacer extensiva su extinción a empresas participadas por la Sepi cotizantes en bolsa, incluso algunas en el Ibex 35, donde encontramos hasta ocho contratos blindados, o a las empresas cuyos resultados dependen de las tarifas que implante el Gobierno. En este grupo de empresas la acometida legislativa debería ser inminente, por que es incomprensible para el ciudadano medio, comprobar el sufrimiento de unos, mientras otros atesoran increíbles indemnizaciones, para a continuación fichar por otra empresa interesada en su Know how, o volver a la Administración, donde había obtenido la excedencia.
Todos lo hemos vivido, es una realidad la descrita, necesitamos unas leyes más adecuadas a la realidad, trabajemos todos en ayudar a obtenerlas, donde si hay que aplicar la reforma laboral sea a todos por igual, tanto a los débiles como a los poderosos.
Juan Antonio Zuriarraín es economista, diplomado en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática y miembro del Consejo Local de UPyD Galapagar
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