La diputada nacional Rosa Díez visitó ayer la Facultad de Ciencias para hablar de la difícil situación política que atraviesa España frente a otros países vecinos. A su juicio, esta crisis política se ha unido a la económica y social, por lo que se hace necesario un cambio constitucional. La presidenta de UPyD cree que en la actualidad "hay un estado más débil y con menos capacidad para garantizar la igualdad de todos los españoles al margen de la comunidad en la que se viva". "Eso no se arregla cambiando el partido que está en el Gobierno. Nosotros planteamos que la sanidad, la educación o los servicios sociales sean competencia del Estado. Se garantizan derechos y se evita el despilfarro. Si el gobierno se dedicara a eso no hubiese hecho falta el decreto sobre el déficit". Minutos antes, la diputada conversó con Granada Hoy sobre la situación de su partido en la provincia y sobre la actualidad nacional.
-¿Quién representará a UPyD en las próximas elecciones municipales?
-En nuestro partido los candidatos se eligen por primarias. El proceso será entre la última semana de septiembre y la primera de octubre en toda España. Cada afiliado puede presentarse como candidato, no necesita el aval de nadie y sus compañeros lo eligen.
-¿No habrá entonces ningún nombre estrella?
-No es gente conocida, salvo en su entorno. Eso es muy positivo en un momento en el que la política está tan desprestigiada. Van a ser las primeras municipales porque el partido se fundó en septiembre de 2007 y no hay ningún fichaje. Hay quien piensa que eso resta pero yo creo que es muy importante: más del 90% de los afiliados a UPyD nunca pertenecieron antes a ningún otro partido. Muchos de ellos rondan los 40 años y cuando llegaron a la mayoría de edad había democracia, aunque no sintieron la necesidad de afiliarse. Ellos han trabajado y trabajan en distintas actividades pero han decidido participar en un momento en el que había que regenerar la democracia. Son ciudadanos normales que dan clases a nuestros hijos, conducen el autobús o ponen el café en el bar de la esquina.
-¿En cuántos municipios de la provincia se presentará UPyD?
-El partido ha decidido presentarse en todas las capitales de provincia y en los municipios de más de 50.000 habitantes. Luego, en los de menos, dependerá de cada organización territorial y de que haya el número suficiente de afiliados.
-Uno de los temas en los que UPyD ha sido más crítico es en el del Estatut. ¿Qué opinión le merece la sentencia del Tribunal Constitucional?
-En la sentencia ha quedado claro que el Estatuto es inconstitucional. Más allá de la propaganda del PSOE, de que el ministro de Justicia hable del número de palabras, la vicepresidenta de porcentajes... el Estatuto es un todo. Los catorce artículos que han declarado inconstitucional son básicos para aquellos que sostienen que Cataluña es una nación y por tanto un estado que se relaciona bilateralmente con el Estado español: desde el mismo símbolo de la nación a los impuestos municipales o la lengua. Y se han cargado todo el artículo de la justicia propia separada de España, más los 27 artículos sometidos a interpretación que veremos a ver cuando se presenten los fundamentos jurídicos.
-Habla de propaganda socialista. ¿Cuál debería ser la reacción del Gobierno?
-Se han quedo fuera de juego, especialmente el presidente del Gobierno, que cuando faltaban días para la sentencia seguía defendiendo que era plenamente constitucional... Debería reconocer que se equivocaron.
-Pero ni ha habido reconocimiento ni rectificación...
-Eso es lo más inquietante, la reacción en relación a la sentencia. Me preocupa que los partidos nacionalistas catalanes se hayan rebelado y lancen una proclama de desacato pero me preocupa más que la que capitanee el desacato sea una institución: la Generalitat. Y me preocupa mucho más aún que el presidente del Gobierno no actúe como le corresponde en dos sentidos: como secretario general del partido con el PSC y como presidente del Gobierno con la Generalitat. Incluso se ha comprometido a reunirse con Montilla para ver si se puede desarrollar al margen de la sentencia. Esto es gravísimo, porque se rompe el orden constitucional. Es más grave que lo ocurrido con el Plan Ibarretxe, que encabezaban los nacionalistas vascos.
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